La Eurocámara exige mayor protección para los trabajadores contra el amianto

El Parlamento Europeo pide una protección «más robusta» para los trabajadores de la Unión Europea contra la exposición de amianto, así como que las enfermedades relacionadas con este mineral sean reconocidas como enfermedades laborales. En una resolución, que salió adelante con 675 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones, el pasado 20 de otubre de 2021, la Eurocámara instó a la Comisión Europea (CE) a presentar una estrategia comunitaria para eliminar todo el amianto de las edificaciones y que, además, actualice la legislación actual sobre la protección de los trabajadores contra este.

En una nota de prensa, los eurodiputados anunciaron que «El amianto sigue siendo uno de los mayores retos de salud en la Unión Europea», remarcando que este mineral provoca la muerte de entre 30.000 y 90.000 personas al año dentro del bloque comunitario. Por ello, la resolución recoge también que se reduzca el actual valor límite al que los profesionales pueden estar expuestos, de 0,1 fibras/cm3 a 0,001 fibras/cm3 en línea con las «últimas recomendaciones científicas», señalaron.

La resolución publicada por la Eurocámara también ingluye la estrategia europea para la retirada de todo el amianto:

1.  Señala que la retirada segura del amianto constituye un ejemplo de la necesidad de aplicar el principio de la salud en todas las políticas a las que se refiere el artículo 168, apartado 1, del TFUE, habida cuenta de que está directamente relacionada con las siguientes iniciativas políticas recientes y futuras de la Unión: el nuevo marco de la Unión en materia de salud y seguridad, el Pacto Verde con la oleada de renovación, Next Generation EU y el marco financiero plurianual, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, la estrategia de la UE en materia de residuos y el paquete de medidas sobre la economía circular; subraya que el tratamiento de los residuos del amianto debe aplicar plenamente el principio de precaución; pide a la Comisión que proponga la correspondiente revisión de la legislación pertinente de la Unión en materia de residuos;

2.  Subraya que la retirada segura del amianto es una tarea difícil y urgente, y reitera su llamamiento a favor de un enfoque global e integrado que conecte varios ámbitos de la formulación de políticas; señala que la principal prioridad debe ser la seguridad de las condiciones de trabajo;

3.  Pide a la Comisión que presente una estrategia europea para la retirada de todo el amianto, que incluya los siguientes elementos:

a) un marco europeo de estrategias nacionales para la retirada segura de todo el amianto en los Estados miembros que debe incluir una propuesta legislativa para introducir normas mínimas relativas a los registros nacionales de amianto de acceso público;
b) una propuesta de actualización de la Directiva 2009/148/CE con el fin de reforzar las medidas de la Unión para proteger a los trabajadores contra la amenaza del amianto y prevenir una nueva oleada de víctimas del amianto durante la oleada de renovación;
c) una propuesta legislativa para:
i) el reconocimiento de enfermedades profesionales, incluidas todas las enfermedades relacionadas con el amianto conocidas, con normas mínimas para los procedimientos de reconocimiento, y
ii) normas mínimas para la indemnización de las víctimas de enfermedades profesionales relacionadas con el amianto;
d) una propuesta de actualización de la Directiva 2010/31/UE con vistas a introducir un requisito relativo al control obligatorio y la posterior retirada del amianto y otras sustancias peligrosas antes de que puedan iniciarse las obras de renovación, con el fin de proteger la salud de los trabajadores de la construcción.
e) una propuesta legislativa que tenga en cuenta las normativas nacionales vigentes, así como una evaluación de impacto sobre los modelos más eficientes, relativa al control obligatorio de presencia de amianto en los edificios —consistente en un diagnóstico superficial de la presencia de amianto por una entidad profesional que cuente con las cualificaciones y autorizaciones pertinentes—, antes de su venta o alquiler y a la expedición de certificados de amianto en el caso de los edificios construidos antes de 2005 o antes del año de la prohibición nacional del amianto, si esta fecha fuera anterior;

 

4.  Señala que las estrategias globales de retirada tendrán consecuencias financieras y administrativas para los propietarios de edificios, las autoridades públicas y las empresas, en particular las pymes, incluidas las microempresas, así como una carga de trabajo significativa para los organismos de certificación; destaca, por tanto, que deben preverse períodos de transición adecuados y un apoyo reglamentario y financiero suficiente;

5.  Subraya la necesidad de movilizar todos los mecanismos financieros existentes disponibles a nivel de la Unión y nacional y destaca que la Comisión ya ha dejado claro que los Estados miembros pueden asignar Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE») para la manipulación y la retirada del amianto(20); pide, a este respecto, que se movilicen los Fondos EIE para mejorar la fiabilidad y la rapidez del control de presencia del amianto y la medición, la retirada y la gestión segura de los residuos, en consonancia con los objetivos de los programas nacionales o regionales correspondientes; destaca que es fundamental apoyar la investigación y el desarrollo, en particular en lo que se refiere al desarrollo y la mejora del acceso al mercado de las tecnologías de seguridad y salud en el trabajo, incluidos sistemas de medición y alerta en tiempo real para el amianto, así como métodos y tecnologías rentables de inertización del amianto; pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos para apoyar las inversiones en tecnologías de tratamiento sostenible, inclusive mediante proyectos importantes de interés común europeo (PIICE);

6.  Destaca que deben protegerse los fondos de la Unión en el marco de la oleada de renovación para los beneficiarios que cumplan la normativa nacional y de la Unión destinada a proteger a los trabajadores frente a la exposición al amianto; pide un sistema para garantizar que se recuperen los fondos de la Unión de aquellos beneficiarios que no cumplan las normas de la Unión y nacionales en materia de protección de los trabajadores frente al amianto;

7.  Pide que se refuerce la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) al objeto de proporcionar herramientas eficaces como por ejemplo un apoyo técnico y científico para mejorar los esfuerzos de prevención, controlar mejor el registro de los lugares de trabajo que contengan amianto y el seguimiento de los trabajadores que han estado o podrían haber estado en contacto con él, mejorar la formación y los equipos de protección proporcionados a los trabajadores; pide la creación de una plataforma europea, dentro del ámbito de competencias de la EU-OSHA, que muestre las buenas prácticas para la retirada del amianto y de su eliminación segura —que ya se han aplicado en varios Estados miembros— y que prevea el intercambio de las mismas;

8.  Subraya el papel fundamental que desempeñan los organismos de inspección de trabajo en la prevención y el control de la exposición al amianto, así como que también contribuyen a reforzar los conocimientos y la divulgación de la información a nivel de las empresas; pide a los Estados miembros que mejoren el número de inspectores de trabajo y la calidad y frecuencia de las inspecciones de trabajo; considera que los Estados miembros deberían ir más allá de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de habilitar como mínimo un inspector por cada 10 000 trabajadores; insta a los Estados miembros a que impongan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas que incumplan sus obligaciones, en particular en materia de salud y seguridad en el trabajo;

9.  Considera que existe una necesidad urgente para un acceso efectivo a la justicia y una reparación por todos los daños a la salud, no solo los relacionados con la ansiedad, para todas las víctimas del amianto; subraya que todos los costes médicos relacionados con la exposición al amianto deben correr a cargo de los empleadores cuando estos no hayan tomado todas las medidas adecuadas ni hayan empleado los medios a su alcance para evitar la exposición al amianto; pide, por tanto, a la Comisión que valore la posible necesidad de legislación que establezca un régimen de responsabilidad general por la contaminación difusa para indemnizar a las víctimas por todos los daños causados por la contaminación difusa, incluida la generada por el amianto;