Según una sentencia del Tribunal Supremo, la empresa también puede resultar responsable en caso de accidente de un empleado subcontratado, incluso cuando las tareas encomendadas por la compañía auxiliar sean distintas a su propia actividad. En esta sentencia se impone la responsabilidad solidaria sobre tres empresas que no aplicaron medidas de seguridad suficientes para evitar el incidente que causó la gran invalidez del trabajador.

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En 2017 los accidentes laborales con baja por sobreesfuerzo físico o mental en el trabajo —es decir, el esfuerzo que supera los límites que permiten a un empleado volver al día siguiente en la mismas condiciones— afectaron a 191.397 trabajadores, según las cifras provisionales del Ministerio de Trabajo. Estos datos representaron el 38% del total, aunque para la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo el porcentaje desciende cuatro puntos. Es la principal causa en España de baja laboral y en los últimos diez años ese porcentaje se ha movido entre el 36,7% y el 39,8%.

La coordinación empresarial es uno de los muchos temas de la prevención de riesgos laborales (PRL) que nos hace a todos generar un número infinito de papeles, y en muchos casos papeles absurdos e innecesarios.

El espíritu de la norma, y en especial del Art. 24 de la L31 / 1995, quiere conseguir que la información de importancia entre aquellas empresas que comparten centro de trabajo sea una herramienta efectiva para lograr una mejor gestión de los riesgos y mejorar la calidad del trabajo a realizar.
La realidad se aleja mucho y mucho de este espíritu, lo que se pretende, en la mayoría de casos, no es otra cosa que intentar disminuir las responsabilidades existentes.

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