Los dueños de La Mechá, detenidos por homicidio imprudente por el peor brote de listeriosis registrado en España

Casi mes y medio después del inicio del peor brote de listeriosis registrado en España debido a la carne mechada La Mechá, fabricada por la empresa Magrudis SL, los principales responsables de la compañía fueron ayer detenidos Se trata de José Antonio Marín Ponce, al que la juez considera el dueño real de la empresa; sus dos hijos, el mayor de los cuales, Sandro, figura como administrador y accionista único en el registro mercantil; un familiar y un comercial. Según fuentes judiciales, se les acusa, en diferente grado de participación, de los delitos de homicidio imprudente, contra la salud pública y lesiones al feto.

Quienes en un primer momento fueron alabados por el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, por su buena predisposición para ayudar en la crisis, han acabado declarando ante la Guardia Civil. Según los investigadores, los detenidos sabían desde el pasado febrero que algunos de sus productos salían contaminados de las líneas de producción, pero no hicieron nada por eliminar el foco de listeria de las instalaciones y continuaron elaborando y distribuyendo el producto. Esa supuesta negligencia es la que ha provocado hasta la fecha tres muertos, siete abortos y más de 200 afectados. La listeria cursa con síntomas leves en personas sanas pero puede ser letal para bebés en gestación y aquellas con el sistema inmunológico debilitado.

“Cuando saltó la crisis, recordamos por correo electrónico a la empresa que uno de sus aislados ya había aparecido contaminado mucho antes. Como no hicieron nada, lo pusimos en conocimiento de la justicia”, explicó a EL PAÍS José Antonio Borrás, propietario del laboratorio Grupo Microal. El laboratorio entregó su informe a los juzgados la segunda semana de septiembre y, según fuentes de la investigación, su contenido ha llevado a que la juez que instruye la causa, Pilar Ordóñez, activara la operación de ayer.

Ni los laboratorios ni los empresarios tienen obligación legal de advertir a las autoridades de los análisis positivos, pero los fabricantes sí tienen el deber de adoptar las medidas correctoras. Los investigadores quieren aclarar ahora por qué los dueños de Magrudis no adoptaron las medidas prevista y, además, ocultaron esos análisis a los inspectores que visitaron las naves tras la alerta. En sus comparecencias públicas tanto Marín como su hijo Sandro aseguraron haber pasado con éxito todos los controles sanitarios.

Facua y Defensor del Paciente han presentado denuncias de personas que comieron la carne mechada en diciembre de 2018 y en el primer trimestre de 2019. La Junta de Andalucía ha confirmado que la cepa de la bacteria de Magrudis se hallaba en muestras tomadas ya en marzo.

Fuente información: El País